Acuerdo Nacional Contra la Extorsión: Harfuch y Gobernadores Unen Fuerzas para Combatir el Delito al Alza

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Omar García Harfuch presenta el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, unificando esfuerzos con gobernadores para combatir este delito al alza. Armonización legislativa, fiscalías especializadas y fortalecimiento del 089.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha presentado el ambicioso Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, marcando un "paso decisivo" en la lucha contra este delito que, según datos oficiales, es el único de alto impacto que ha registrado un incremento significativo en el país. El anuncio se realizó durante la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, un evento crucial que congregó a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los 32 gobernadores de México.

La extorsión se ha consolidado como una de las principales preocupaciones para la ciudadanía y los sectores productivos, siendo el único delito de alto impacto que creció un 23.1% entre 2019 y 2025. Ante este panorama, el Acuerdo Nacional emerge como una respuesta unificada y robusta para enfrentar el problema con "mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales", según expresó García Harfuch.

El plan, aprobado por unanimidad por los gobernadores presentes, se estructura en cuatro ejes fundamentales diseñados para garantizar una operatividad nacional coordinada y efectiva:

  1. Armonización Legislativa: Se busca unificar las leyes en todas las entidades federativas para que la extorsión sea un delito perseguible de oficio. Esta medida es crucial para estandarizar la persecución penal y evitar lagunas jurídicas que puedan ser explotadas por la delincuencia organizada.
  2. Especialización en Fiscalías: El acuerdo contempla la creación de áreas especializadas dentro de las fiscalías estatales o, en su defecto, el fortalecimiento de las unidades ya existentes. El objetivo es mejorar las capacidades de investigación y atención a víctimas, asegurando que el personal cuente con la formación y herramientas necesarias para abordar este complejo delito.
  3. Fortalecimiento del 089: Se mejorará la operación del número único de denuncia anónima, el 089. Esta línea telefónica es vital para la recolección de inteligencia y la respuesta rápida, buscando dar "mayor certidumbre a las víctimas" al garantizar una atención más eficiente y segura.
  4. Manual Nacional de Actuación: Se elaborará un documento que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución del delito en todo el país. Este manual permitirá a todas las entidades "actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes", consolidando un enfoque nacional coherente y eficaz.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la sesión y enfatizó la importancia de este pacto para avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad y combatir la extorsión, a la que calificó como "uno de los delitos que más preocupa a la población". Recordó que, desde la implementación de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión el pasado 6 de julio, se han recibido más de 102 mil 800 llamadas en el número 089 y se ha logrado la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República.

García Harfuch subrayó que el Acuerdo busca no solo reducir la incidencia de la extorsión, sino también brindar "mayor certidumbre a las víctimas" y garantizar que las autoridades de todos los niveles actúen bajo criterios uniformes. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, en representación de los mandatarios estatales de su partido, respaldó la reforma federal que permite perseguir de oficio el ilícito, pero advirtió sobre la insuficiencia de la medida si no se fortalecen los mecanismos de protección a quienes denuncian. Además, se mencionó que los estados con mayores afectaciones por este ilícito incluyen a México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Este pacto nacional representa un esfuerzo coordinado sin precedentes para combatir la extorsión, buscando cerrar filas entre los diferentes órdenes de gobierno y dotar a las instituciones de los instrumentos necesarios para hacer frente a una de las amenazas más apremiantes para la seguridad y la economía del país.

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