El problema laboral en las universidades públicas
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El sistema de contratación laboral del personal académico en las universidades públicas en México es una oda a la corrupción y a la incompetencia de sus autoridades. Los maestros de nuevo ingreso son reclutados de manera arbitraria y discrecional, sin pasar por ningún tipo de exámenes, sin comprobación de sus conocimientos y capacidades docentes, sin tomar en cuenta su perfil profesional e, incluso, sin exigirles comprobación de estudios terminados de cualquier tipo. La autonomía de estos centros de estudios les ha servido de patente de corso a una casta que se ha enquistado en su seno para lucrar con el enorme capital financiero y político con que cuentan estas instituciones. Estos cacicazgos generados por un uso y abuso perverso de la autonomía, provoca que se tome más en cuenta la creación de una clientela político-electoral que una sólida y auténtica base académica que desarrolle los fines de toda universidad con eficiencia, suficiencia y pulcritud. El ingreso por simple recomendación lleva consigo el despojo de todos los derechos del beneficiario y, en contraparte, el beneficio directo de sus contratantes que justifican con estas incorporaciones irregulares el despilfarro que hacen del subsidio público, sin importarles el grave daño que su actitud rayana en lo criminal le hace a la educación de nuestros jóvenes.
En la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta situación se ha implantado con gran fuerza desde hace mucho tiempo, y es un estigma que no puede sacudirse todavía. A pesar de los actos de prestidigitación que hacen sus autoridades para presumir índices de calidad académicos, para nadie es un secreto de que no goza de buena reputación en ese sentido, ni entre el pueblo ni entre la clase empresarial que otorga los empleos de altos ingresos. Es imposible presumir de calidad académica cuando las condiciones laborales en las que trabajan tres de cada cuatro académicos están muy cercanas a las de un sistema de explotación esclavista. Los profesores de asignatura que sostienen el andamiaje docente de esta universidad subsisten con salarios de hambre, con cargas de materias excesivas para completar su jornal, con horarios fraccionados mañana y tarde; gran cantidad de ellos sin ningún tipo de nombramiento o seguridad social y alejados, totalmente, de los beneficios de compensaciones salariales creadas por el neoliberalismo educativo a través del ingreso discrecional a las becas o a programas como el SNI.
La salud física y mental de este personal no es la óptima para tener un buen desempeño en su labor docente por las condiciones de suma precariedad en la que viven. En la UAS, por ejemplo, no se pagaron durante mucho tiempo las cuotas patronales al IMSS ni al Infonavit, lo cual todavía no se sabe si se ha actualizado en el presente. Lo que sí es un hecho es que generó un gran problema de acceso a la vivienda y la percepción de miserables pensiones de jubilación. La ausencia de verdaderos estímulos como lo son la nivelación salarial, programas de vivienda institucionales, oportunidades para realizar estudios de posgrado, de basificaciones respetando antigüedad y reconocimiento profesional, de promociones a la calidad de profesores de tiempo completo con la categoría adecuada, etc., han sido un factor que continúa minando el entusiasmo, el compromiso y la entrega de este personal académico. Al ser ignorados y relegados a penar durante 15, 20 y hasta 30 años de servicio sin jamás obtener justicia laboral alguna, al dejarles como única opción la demanda que se eterniza en los juzgados o se desacata por las propias autoridades, al ser utilizados y engañados cada seis años por políticos y partidos de una hechura u otra que les prometen una solución a su problema de justicia laboral, este personal académico tiende, o hacia la depresión con todas sus secuelas físicas, o hacia la simulación aplicando la vieja máxima de los trabajadores universitarios de a pie: “ellos hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo”. Ninguno de los dos resultados favorece a los fines a los que está destinada la educación pública superior.
Por este motivo es necesario que se deje muy claro que la restauración de la “normalidad” en nuestra Universidad no implica seguir desconociendo esta problemática ampliamente denunciada por quienes demandamos un cambio. Este cambio iba y va más allá de la recuperación del voto para estudiantes, maestros y trabajadores, así como de la incorporación de algunos derechos de género y de gratuidad reconocidos en la propia Constitución. El cambio implica una sacudida de fondo de estas instituciones públicas de educación superior como la UAS para que cumplan con su misión de educar al pueblo con calidad y de producir conocimiento que sea de utilidad a la nación. Las universidades son el motor del desarrollo científico y tecnológico de una sociedad, y para situarse ahí deben reunir no solo las condiciones democráticas y de derechos humanos fundamentales, sino que también deben crear un ambiente de trabajo sano, de respeto a las relaciones laborales según lo establece el apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A esto debemos avocarnos todos: comunidad y autoridades universitarias, autoridades estatales y federales, representantes populares en el Congreso y en el Senado, jueces y magistrados. El pueblo, como ya lo dijo alguien, sigue teniendo hambre y sed de justicia.
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