Estados Unidos: Justicia Federal Restablece Pelotón de Fusilamiento y Endurece la Pena Capital bajo la Administración Trump

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció un giro en su política de pena capital a nivel federal, revelando planes para restablecer el pelotón de fusilamiento como método de ejecución para reclusos en el corredor de la muerte. Esta medida forma parte de un paquete de directrices más amplio que busca "fortalecer" la pena capital y acelerar los procesos de ejecución a nivel federal.

Según lo comunicado por el DOJ, estas nuevas directivas tienen como objetivo principal "despejar el camino para llevar a cabo las ejecuciones una vez que los reclusos condenados a muerte hayan agotado sus recursos de apelación". La decisión se enmarca en el cumplimiento de una orden ejecutiva previamente firmada por el presidente Donald Trump, marcando una clara reactivación de las políticas de "mano dura" en materia penal.

Entre las reformas anunciadas, se incluye la readopción del protocolo de inyección letal que fue utilizado durante la primera administración Trump, el cual empleaba el pentobarbital como agente letal. Sin embargo, la novedad más destacada es la ampliación de los métodos de ejecución disponibles. El protocolo ahora incluirá formas adicionales de ejecución, tales como el pelotón de fusilamiento, la electrocución y el gas letal. Esta diversificación de métodos busca asegurar que el Departamento de Justicia esté preparado para llevar a cabo ejecuciones legales, incluso ante dificultades para obtener los fármacos necesarios para las inyecciones letales.

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, justificó estas acciones, declarando que son "fundamentales para disuadir los crímenes más atroces, hacer justicia a las víctimas y brindar un cierre largamente esperado a sus seres queridos sobrevivientes". Blanche también criticó abiertamente la gestión del expresidente Joe Biden, acusando a su administración de "incumplir su deber de proteger al pueblo estadounidense al negarse a perseguir y ejecutar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, incluidos terroristas, asesinos de niños y asesinos de agentes del orden". En este contexto, el fiscal general interino afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Trump, el DOJ "vuelve a hacer cumplir la ley y a solidarizarse con las víctimas".

Además de la reintroducción de métodos alternativos, el Departamento de Justicia ha instruido a la Oficina de Prisiones a "examinar la posibilidad de reubicar o ampliar el corredor de la muerte federal, o de construir una instalación de ejecución adicional, a fin de permitir la aplicación de métodos de ejecución alternativos". Esto subraya la intención de la administración de optimizar la infraestructura necesaria para la implementación de estas sentencias.

Las reformas también buscan "agilizar los procesos internos para acelerar los casos relacionados con la pena de muerte". En particular, se someterá a consideración una norma que facultaría a los estados para agilizar la revisión federal de hábeas corpus en casos de pena capital. De ser adoptada, esta norma podría "reducir en años el período entre la condena y la ejecución en los casos de pena capital estatales", según explicó el Departamento.

Es importante recordar que la pena capital es un tema complejo y varía considerablemente dentro de Estados Unidos. Actualmente, es legal en 27 estados, aunque cuatro de ellos mantienen moratorias que bloquean las ejecuciones. En contraste, en otros 23 estados y el Distrito de Columbia, la pena capital ha sido abolida. A nivel estatal, cinco estados –Idaho, Utah, Oklahoma, Mississippi y Carolina del Sur– permiten actualmente el pelotón de fusilamiento como método de ejecución, aunque solo Carolina del Sur lo ha utilizado en los últimos años. Asimismo, nueve estados permiten la electrocución, un método que no se ha empleado desde 2020, y dos estados han recurrido recientemente a la hipoxia de nitrógeno.

Históricamente, el presidente Donald Trump puso fin a una pausa de 17 años en las ejecuciones federales durante su primer mandato en 2020, llevando a cabo 13 ejecuciones por inyección letal en sus últimos meses en el cargo, un número no visto en 120 años. En contraste, antes de dejar la Casa Blanca en enero de 2025, el entonces presidente demócrata Joe Biden, un opositor a la pena de muerte, conmutó las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos federales condenados a la pena capital.

Las estadísticas recientes muestran la actividad de la pena capital en el país. En 2025, se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con Florida registrando un récord de 19. Para el año en curso, 2026, se tienen programadas al menos 32 ejecuciones en ocho estados, de las cuales ocho ya se han completado hasta la fecha. Este anuncio del Departamento de Justicia subraya una política más agresiva en la aplicación de la pena capital a nivel federal, con implicaciones significativas para el sistema de justicia penal en Estados Unidos.

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