Expresidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur Condenado a Cadena Perpetua por Insurrección y Ley Marcial Fallida
Publicado elEl expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol recibe cadena perpetua por liderar una insurrección y su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Un tribunal de Seúl dictó la sentencia histórica este 19 de febrero.
Seúl, Corea del Sur – En una sentencia que resuena profundamente en la historia democrática de Corea del Sur, el expresidente Yoon Suk Yeol ha sido condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de insurrección. La decisión fue confirmada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl este jueves 19 de febrero de 2026, culminando una de las crisis políticas más significativas que ha enfrentado el país en décadas.
Los cargos se derivan de su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, un acto que la justicia calificó como un esfuerzo para subvertir la Constitución y paralizar la Asamblea Nacional. El juez Ji Gwi-yeon (también referido como Jee Kui-youn en algunos informes) fue contundente al leer el veredicto, señalando que la declaración de ley marcial resultó en “enormes costos sociales” y que el acusado “no ha mostrado arrepentimiento por ello”.
La noche del 3 de diciembre de 2024, el entonces presidente Yoon Suk Yeol apareció en cadena nacional para anunciar la suspensión del gobierno civil y el inicio de un mando militar, alegando la necesidad de salvaguardar a Corea del Sur de “fuerzas antiestatales” y “amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte”. Además, acusó al principal partido de oposición, el Partido Democrático, de simpatizar con el régimen de Pyongyang, aunque nunca presentó pruebas que respaldaran tales afirmaciones.
El decreto de ley marcial, que contemplaba que las autoridades militares asumieran funciones extraordinarias y que ciertas libertades y derechos se vieran limitados, desencadenó de inmediato protestas masivas. Miles de manifestantes se congregaron en las afueras de la Asamblea Nacional, mientras los legisladores se apresuraban a romper el cerco de seguridad militar para votar de urgencia. La respuesta fue casi instantánea: el Parlamento logró votar por unanimidad para revocar la medida, y la ley marcial fue levantada apenas seis horas después de haber sido declarada.
El tribunal determinó que Yoon ordenó el despliegue de tropas militares y policiales para rodear la Asamblea Nacional y obstaculizar su funcionamiento, con el propósito de “paralizar la asamblea por un período considerable” y establecer un poder sin control. Este despliegue de fuerzas fue considerado un intento ilegal de apoderarse del Parlamento y detener a políticos opositores, en lo que constituyó un claro acto de rebelión e insurrección contra la institucionalidad democrática del país.
La fiscalía había solicitado la pena de muerte para Yoon Suk Yeol, argumentando que sus acciones representaron una amenaza directa a la democracia y merecían el castigo más severo. Sin embargo, el tribunal optó por la cadena perpetua, considerando atenuantes como el uso limitado de la fuerza, la desorganización del plan, sus décadas de servicio público y su edad de 65 años. A pesar de ello, el tribunal enfatizó que el intento de toma de poder no causó víctimas fatales, lo que influyó en la decisión de no imponer la pena capital, para la que existe una moratoria de facto en Corea del Sur desde 1997.
La sentencia de cadena perpetua se suma a una condena previa de cinco años que Yoon Suk Yeol ya cumplía por cargos separados, incluyendo abuso de poder, obstrucción a la justicia y falsificación de documentos, todos relacionados con su intento de imponer la ley marcial. Además del expresidente, otros funcionarios clave también fueron sentenciados por su participación en el fallido decreto. El exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, recibió una condena de 30 años de prisión por su papel central en la planificación y movilización militar. El ex primer ministro Han Duck-soo fue condenado a 23 años de cárcel por intentar legitimar el decreto, falsificar registros y mentir bajo juramento, mientras que el exministro del Interior Lee Sang-min recibió 7 años.
Yoon Suk Yeol fue suspendido de su cargo el 14 de diciembre de 2024, después de que los legisladores iniciaran un proceso de juicio político, y fue destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. A lo largo del proceso judicial, el expresidente, quien ha estado en régimen de aislamiento, negó haber actuado mal. Sostuvo que sus acciones estaban destinadas a “salvaguardar la libertad” y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una “dictadura legislativa” encabezada por la oposición. Sin embargo, la fiscalía lo acusó de dirigir una insurrección impulsado por un “deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo”.
Este veredicto histórico no solo cierra un capítulo turbulento en la política surcoreana, sino que también envía un mensaje contundente contra cualquier intento de socavar las instituciones democráticas del país. La condena revivió recuerdos de golpes militares que sacudieron a Corea del Sur entre las décadas de 1960 y 1980, subrayando la importancia de proteger la democracia y la estabilidad en la región.
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