Crisis de Extorsión Azota Sinaloa: Denuncias Se Disparan un 41% en Medio de Violencia

Sinaloa enfrenta un recrudecimiento de la extorsión, con un incremento del 41% en las denuncias registradas durante el primer cuatrimestre de 2026. Este  repunte se vincula directamente con la escalada de violencia e inestabilidad que atraviesa el estado, consecuencia del conflicto entre grupos criminales que se intensificó desde septiembre de 2024.

Las cifras oficiales, proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan un total de 41 denuncias por extorsión de enero a abril de 2026, una considerable alza respecto a los 29 casos reportados en el mismo periodo de 2025. Aunque la extorsión ha tenido una incidencia menor comparada con otros delitos de alto impacto como el robo de vehículos o el homicidio, su reciente crecimiento es un indicador de la deteriorada situación de seguridad en la entidad.

La modalidad de extorsión presencial ha sido la más prevalente en el primer cuatrimestre de 2026, con 23 casos reportados. Además, se contabilizaron 18 denuncias en otras modalidades, de las cuales 17 se registraron únicamente durante el mes de abril. No obstante, la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, ha sostenido públicamente que no existe un incremento en este delito, asegurando que la principal problemática sigue siendo la extorsión telefónica tipo “enganche”.

El sector empresarial ha expresado su preocupación ante el posible repunte de las extorsiones. La presidenta de Coparmex en Sinaloa ha señalado un aumento en las llamadas de extorsión telefónica, las cuales logran “enganchar” a las víctimas aprovechando el clima de violencia e incertidumbre que se vive actualmente en el estado. A nivel nacional, la extorsión telefónica y el “falso cobro de piso” continúan siendo métodos efectivos, con delincuentes que incluso utilizan números con ladas locales para generar mayor confianza y, en muchos casos, operan desde centros penitenciarios. Estos métodos aprovechan el miedo generalizado y la percepción de una amenaza cercana para coaccionar a las víctimas a realizar depósitos de dinero.

Expertos en seguridad han alertado sobre la gravedad de la crisis y la necesidad urgente de una mayor intervención federal en áreas clave como gobierno, seguridad y justicia para garantizar la estabilidad del estado. Además, se ha enfatizado la importancia de implementar unidades antiextorsión especializadas dentro de las fiscalías estatales, apoyadas en el uso de tecnología, inteligencia y análisis regional, en el marco de la reciente Ley General de Castigo a la Extorsión.

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