Diputados formalizan la extinción del INAI: nace 'Transparencia para el Pueblo' y la oposición lanza severas críticas

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La Cámara de Diputados formaliza la extinción del INAI para dar paso a 'Transparencia para el Pueblo'. La oposición alerta sobre retrocesos en la rendición de cuentas y el acceso a la información en México.

La Cámara de Diputados ha concluido el proceso legislativo para formalizar la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta acción da paso a la creación de un nuevo organismo denominado “Transparencia para el Pueblo”, que operará como un órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Las reformas, impulsadas por una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron aprobadas con el respaldo de Morena y sus aliados, pero sin el apoyo de la oposición. Este nuevo marco legal abroga las leyes anteriores y expide nuevas leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, además de modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Según lo establecido, “Transparencia para el Pueblo” asumirá las funciones previas del INAI, incluyendo la resolución de recursos de inconformidad que presenten los particulares y la gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia. El gobierno ha defendido esta reestructuración argumentando que busca fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales de manera más eficiente, con una reducción significativa en el presupuesto.

La decisión ha generado una fuerte reacción por parte de la oposición, que ha expresado su preocupación por las implicaciones para la rendición de cuentas y la transparencia en el país. Críticos advierten que la desaparición de un organismo autónomo como el INAI y su reemplazo por una entidad dependiente del Poder Ejecutivo podría representar un retroceso en los derechos ciudadanos al acceso a la información y la protección de datos, así como una centralización del poder.

Este movimiento legislativo marca un cambio sustancial en la arquitectura institucional de México en materia de transparencia, cuyo impacto real en el ejercicio de estos derechos fundamentales será objeto de observación y debate en los próximos meses.

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