Japón Revoluciona la Custodia Post-Divorcio: Nueva Ley Compartida Entra en Vigor, ¿Fin a los 'Secuestros Parentales' o Nuevos Desafíos?

Japón ha marcado un hito histórico al implementar un nuevo sistema de custodia compartida tras el divorcio, una reforma largamente esperada que lo convierte en la última nación del G7 en adoptar esta medida. Este cambio sustancial en el Código Civil japonés, el primero en lo que respecta a la autoridad parental en más de un siglo o casi ocho décadas, busca transformar el panorama legal para los padres divorciados y, en particular, abordar la problemática de los denominados “secuestros parentales”.

Anteriormente, la legislación japonesa se adhería a un sistema de custodia exclusiva, conocido como tandoku shinken, donde solo uno de los progenitores, con mayor frecuencia la madre, obtenía la patria potestad de los hijos después de la disolución del matrimonio. Esta estructura generó críticas, especialmente en casos de “sustracción parental” que a menudo impedían al progenitor no custodio, incluyendo a padres extranjeros, mantener contacto con sus hijos. La reforma, aprobada en 2024, es un reflejo de los profundos cambios sociales que vive el archipiélago, incluyendo una creciente implicación de los hombres en la crianza de los hijos, lo que ha impulsado la presión por esta modificación legal.

Bajo el flamante sistema de custodia compartida, denominado kyodo shinken, los padres divorciados ahora tienen la opción de elegir entre la custodia conjunta o mantener la custodia exclusiva. La esencia de esta reforma radica en la cooperación y el respeto mutuo entre ambos progenitores en beneficio del menor, un principio que se convierte en la base de todas las decisiones relativas a su crianza. Para decisiones de gran calado que afectan significativamente al menor, como un cambio de residencia o la elección de un centro educativo, se requerirá el acuerdo conjunto de ambos padres, fomentando el diálogo entre ellos. Sin embargo, la ley también contempla flexibilidad: en asuntos cotidianos, como autorizar un trabajo a tiempo parcial, o en situaciones de urgencia, como una intervención médica, uno de los padres podrá tomar decisiones de manera individual sin necesidad de autorización previa.

En aquellos escenarios donde los padres no logren llegar a un acuerdo sobre el tipo de custodia más adecuado, será el Tribunal de Familia, o Katei Saibansho, el encargado de intervenir y decidir si se aplica un régimen compartido o exclusivo, siempre priorizando el interés superior del menor. Un aspecto crucial de esta nueva normativa es su aplicación retroactiva, permitiendo que padres ya divorciados soliciten ante el tribunal un cambio a la custodia compartida.

A pesar del avance que representa, la implementación de la custodia compartida en Japón no está exenta de controversias y ha generado dudas sobre su alcance y efectividad. Una de las mayores preocupaciones se centra en la protección de las víctimas de violencia doméstica, conocida en Japón como DV (dōmesutikku baiorensu), o abuso infantil. La ley estipula que, en estos casos, se deberá otorgar obligatoriamente la custodia exclusiva al progenitor afectado. No obstante, persisten interrogantes sobre si el sistema judicial actual cuenta con los mecanismos suficientes para detectar y comprobar adecuadamente estas situaciones de violencia o abuso, lo que podría influir en la aplicación efectiva de la normativa y, potencialmente, poner en riesgo a las víctimas.

Estas inquietudes se manifestaron en Tokio, donde un centenar de personas, principalmente mujeres, protestaron con pancartas violetas y globos, coreando consignas como “¡No a un sistema que nos impide huir!”. Los opositores a la reforma temen que la custodia compartida obligue a las víctimas a mantener vínculos con sus exparejas agresoras, dificultando la ruptura de esos lazos. Por otro lado, organizaciones que luchan contra los secuestros parentales, como Bring Abducted Children Home (BAC Home), aunque ven la reforma como un paso adelante, argumentan que no va lo suficientemente lejos. Jeffery Morehouse, director ejecutivo de BAC Home, señaló que la ley cambia la “opción de autoridad parental compartida” (toma de decisiones legales), pero no especifica un tiempo de visitas para los progenitores, lo que, según él, no la convierte en una “custodia compartida” en el sentido más amplio.

Adicionalmente, la legislación revisada introduce un sistema de apoyo económico obligatorio para los hijos. Este permite a los padres recibir al menos 20.000 yenes al mes (equivalente a aproximadamente 130 dólares o 110 euros) de su expareja, incluso sin un acuerdo previo sobre los gastos relacionados con la crianza. La ley faculta a los tribunales de familia a ordenar el “embargo” de la nómina a los progenitores solventes que incumplan con dicho pago.

En resumen, Japón se suma a la mayoría de las economías desarrolladas con esta reforma trascendental, buscando modernizar su sistema legal y proteger el interés superior del menor. Sin embargo, el equilibrio entre los derechos de ambos padres y la salvaguarda de las víctimas de violencia doméstica será clave para determinar la verdadera efectividad y el alcance de este nuevo paradigma en la sociedad japonesa.

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