Congresos Estatales Dan el 'Sí' Definitivo a la Histórica Jornada de 40 Horas Semanales

En un hito legislativo que redefine el panorama laboral en México, la reforma constitucional para reducir la jornada máxima de 48 a 40 horas semanales ha superado la fase crucial de ratificación por parte de los congresos estatales. Este jueves 27 de febrero de 2026, con el aval de al menos 17 congresos locales, la iniciativa ha alcanzado la mayoría necesaria para su declaratoria de constitucionalidad, marcando el fin de su trámite legislativo a nivel constitucional y abriendo paso a una transformación significativa en las condiciones de trabajo de millones de mexicanos.

La modificación al Artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representa uno de los cambios más relevantes en materia laboral de las últimas décadas, buscando armonizar el marco jurídico nacional con los compromisos internacionales de trabajo digno y mejorar sustancialmente la calidad de vida de las familias mexicanas.

La reforma establece un esquema de implementación gradual que permitirá a los sectores productivos y empresas adaptar sus procesos operativos sin afectar la continuidad económica ni el empleo formal. Según el régimen transitorio aprobado, la reducción de la jornada laboral se iniciará formalmente el 1 de enero de 2027, cuando el límite semanal de trabajo pasará a 46 horas. A partir de entonces, cada 1 de enero se reducirán dos horas, hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030.

Uno de los pilares fundamentales de esta reforma es la garantía explícita de que la reducción de la jornada laboral no implicará, en ningún caso, una disminución de sueldos, salarios o prestaciones para los trabajadores. Además, se mantiene la disposición de que por cada seis días de trabajo, los empleados deberán disfrutar de al menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

La iniciativa también introduce cambios significativos en la regulación del tiempo extraordinario. Cuando por circunstancias excepcionales deban aumentarse las horas de trabajo, estas deberán pagarse con un cien por ciento adicional sobre el salario ordinario. El trabajo extraordinario no podrá exceder de doce horas por semana, distribuibles en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días dentro de ese periodo. En caso de que se supere dicho límite, la parte empleadora estará obligada a cubrir un doscientos por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria. Un aspecto crucial de protección laboral es la prohibición expresa de que las personas menores de dieciocho años laboren tiempo extraordinario.

La aprobación de esta reforma por los congresos locales, que incluye entidades como Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Baja California Sur, subraya un amplio consenso político en torno a la necesidad de modernizar las condiciones laborales del país. Esta histórica decisión, que beneficiará a aproximadamente 13.4 millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos, es calificada por legisladores como una de las reformas más relevantes del siglo XXI en México, fortaleciendo de manera histórica los derechos de la clase trabajadora.

El siguiente paso en el proceso legislativo será la declaratoria de constitucionalidad por parte del Congreso General o su Comisión Permanente, seguida de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Una vez que la reforma constitucional entre en vigor, el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo (LFT). En esta legislación secundaria se detallarán las reglas específicas para la transición gradual, así como los mecanismos de supervisión y cumplimiento para empleadores y trabajadores.

Esta reforma no solo responde a una demanda social de largo plazo, sino que también busca privilegiar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, incidiendo positivamente en la salud ocupacional, la conciliación familiar y la productividad. La medida es un acto de justicia que reconoce el tiempo de vida de los trabajadores y su contribución al desarrollo del país, marcando un camino hacia jornadas más justas y una mejor calidad de vida para millones de familias.

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