México: Gobierno Propone Cuota del 2% a Dispositivos Electrónicos por Derechos de Autor

El Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha puesto en marcha una  propuesta de reforma que busca modificar el reglamento de derechos de autor. Esta iniciativa tiene como objetivo principal la adición de una cuota del 2% sobre el precio de diversos dispositivos electrónicos capaces de reproducir o almacenar datos. La meta es establecer un mecanismo de remuneración compensatoria para autores, intérpretes y otros titulares de derechos, en concepto de la "copia privada" de sus obras.

La práctica de la copia privada, que permite a los individuos reproducir obras para uso personal sin fines de lucro, ha sido reconocida en la legislación mexicana desde 1997, específicamente en la Ley Federal del Derecho de Autor. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, México ha carecido de un mecanismo efectivo para que los titulares de derechos reciban una compensación justa por esta actividad durante casi tres décadas. Esta laguna ha generado una disputa persistente entre la industria tecnológica y comercial, que advierte sobre posibles choques inflacionarios, y el sector artístico, que ha presionado históricamente al Gobierno para saldar esta deuda. Intentos anteriores de establecer un esquema similar en 2021 fueron rechazados por la Cámara de Diputados, lo que subraya la complejidad y la controversia inherente a esta propuesta.

La propuesta de cuota del 2% afectaría a una amplia gama de dispositivos electrónicos. Entre los equipos que podrían ver un aumento en su precio final se incluyen celulares, computadoras, tabletas, discos duros, memorias USB, tarjetas de memoria, pantallas e incluso consolas de videojuegos. Los consumidores mexicanos, por tanto, se enfrentarían a un potencial encarecimiento de estos productos tecnológicos. La controversia radica en que el cobro se aplicaría independientemente del uso que el consumidor final dé al dispositivo; es decir, una persona que adquiera una computadora exclusivamente para fines laborales o educativos, y que no realice copias de obras protegidas, también podría absorber este costo adicional.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza; el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), bajo la dirección de Karina Luján; y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), presidida por Roberto Cantoral. La Administración federal ha sostenido reuniones con representantes de la industria digital y el comercio minorista, solicitándoles que se preparen para incorporar la recolección de esta cuota, denominada "remuneración compensatoria por copia privada", en sus operaciones. El cobro estaría asociado a la importación o a la primera comercialización de los equipos en México. Es importante destacar que el mecanismo se busca implementar mediante una reforma al reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, en lugar de una modificación directa a la ley, lo que permite al Gobierno avanzar en la propuesta sin la necesidad de un debate legislativo extenso.

Los representantes del sector privado, incluyendo la industria tecnológica y las empresas comerciales, han expresado serias advertencias sobre las repercusiones económicas de esta medida. Han señalado que el cobro encarecerá los equipos electrónicos y han advertido sobre posibles choques inflacionarios. Estimaciones del sector sugieren que el impacto anual de este mecanismo podría oscilar entre 700 y 750 millones de dólares. Esto plantea preocupaciones sobre su posible efecto en la inversión, la competitividad del mercado y el acceso a la tecnología en México. Además, se ha cuestionado la posibilidad de un "doble pago", ya que muchos consumidores ya cubren suscripciones a plataformas de streaming de música, películas y otros servicios digitales, donde ya se contempla la remuneración a los autores.

La propuesta de la cuota del 2% en dispositivos electrónicos subraya la tensión constante entre la protección de los derechos de autor en la era digital y la accesibilidad de la tecnología para los consumidores. Mientras los artistas y creadores buscan una compensación justa por el uso potencial de sus obras, la industria y los consumidores enfrentan la posibilidad de mayores costos. El Gobierno de Claudia Sheinbaum se posiciona en medio de este debate, buscando establecer un equilibrio a través de una reforma reglamentaria que, de ser implementada, marcaría un cambio significativo en el panorama de la propiedad intelectual y el consumo tecnológico en México. La efectividad del mecanismo para compensar a los titulares de derechos y sus repercusiones reales en el mercado serán observadas de cerca en los próximos meses, especialmente en un contexto previo a un proceso electoral, donde este tipo de decisiones pueden tener un eco importante en la opinión pública.