México Escala Ofensiva Legal Contra ICE: Exige Justicia Penal por Muerte de 17 Migrantes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha intensificado su postura jurídica, buscando la vía penal para determinar responsabilidades en la muerte de al menos 17 migrantes mexicanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos o durante operativos migratorios. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la gravedad de la situación, declarando que “son demasiados casos”.

Desde mayo de 2025, un total de 17 personas de nacionalidad mexicana han perdido la vida en circunstancias que el Gobierno mexicano considera inaceptables. Estos trágicos fallecimientos se han registrado en ocho estados de Estados Unidos: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. Ante este panorama, el canciller Roberto Velasco ha confirmado la interposición de 20 denuncias formales ante las autoridades estadounidenses: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han recibido respuestas en cuatro de estos casos.

El endurecimiento de la estrategia legal representa un cambio significativo, ya que, según fuentes, la administración de la presidenta Sheinbaum ha decidido abandonar los intentos previos de resolver estos casos por la vía diplomática, dado que las 11 notas de protesta enviadas previamente no obtuvieron una respuesta satisfactoria. Esta nueva ofensiva busca la sanción penal de aquellos implicados en los fallecimientos, ya sean agentes migratorios o empresas privadas encargadas de la gestión de centros de detención.

La SRE ha desembolsado más de 24,000 dólares, específicamente 24,788.38 dólares, para apoyar en la repatriación de los restos de siete de los connacionales fallecidos, cubriendo los gastos asociados a este doloroso proceso. Adicionalmente, se mantiene una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se realice una investigación exhaustiva sobre las causas de estas muertes. El canciller Velasco ha reiterado el compromiso de la cancillería en este tema, calificándolo como “un tema muy doloroso para el Gobierno de México y para las familias de estas personas que han perdido la vida”.

Uno de los casos que resalta es el de Royer Pérez, de 19 años, la víctima mexicana más joven, detenido en enero en el condado de Volusia, Florida. Aunque la versión oficial inicial apuntaba a un suicidio, distintos testimonios de detenidos y un informe preliminar de la oficina forense han puesto en duda esta narrativa. La fiscalía estatal de Florida, no obstante, determinó que sus resultados coinciden con la investigación de ICE, optando por no realizar una investigación adicional. Esta situación subraya la complejidad y la disparidad en las respuestas recibidas por el gobierno mexicano.

Además de las acciones penales, México también ha iniciado acciones civiles contra las empresas privadas que operan centros de detención de migrantes, con el objetivo de lograr el cese de sus operaciones en los casos donde han ocurrido fallecimientos. La preocupación por las condiciones en estos centros de detención ha sido expresada reiteradamente ante el Departamento de Seguridad Nacional y el propio ICE. El Gobierno de México también elevó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitó el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien manifestó conocer la situación y su preocupación.

La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que, si bien normalmente son las familias quienes presentan las denuncias con el acompañamiento del gobierno, el elevado número de casos ha justificado la intervención directa de la Cancillería. El objetivo primordial es que se realicen investigaciones completas y que, en caso de comprobarse responsabilidades penales, los involucrados sean sancionados conforme a las leyes estadounidenses.

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