México Alcanza el Tercer Salario Mínimo Más Alto de América Latina en 2026, Afirma Presidenta Sheinbaum

En un anuncio de gran relevancia económica y social, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este viernes 9 de enero de 2026 que el país se ha posicionado como la tercera nación con el salario mínimo más elevado en América Latina y el Caribe para el año en curso. Esta notable escalada representa un salto significativo desde el sexto lugar que México ocupaba en 2025.

Durante su conferencia matutina llevada a cabo en Acapulco, Guerrero, la mandataria presentó cifras oficiales que ubican el salario mínimo mensual de México en 536.62 dólares. Esta cantidad, que se traduce aproximadamente en 9 mil 652.56 pesos mexicanos, según el tipo de cambio vigente, o 315.04 pesos diarios en la zona general, coloca a México solo por debajo de Uruguay y Chile en el ranking regional.

El incremento al salario mínimo general para 2026 fue del 13%, una medida que entró en vigor el 1 de enero. Adicionalmente, se aplicó un aumento del 5% al salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), llevando este a 440.87 pesos diarios. La presidenta Sheinbaum enfatizó que este logro es un “número muy importante” y marca un contraste profundo con periodos anteriores. Recordó que, durante el llamado periodo neoliberal (1982-2018), el salario mínimo en México llegó a situarse entre los niveles más bajos de la región, incluso por debajo de Haití, un país con mayores carencias económicas en el continente. “Hoy estamos después de Uruguay y Chile, por encima de todos los demás países”, afirmó la mandataria, subrayando la recuperación del poder adquisitivo.

El listado comparativo de salarios mínimos mensuales en dólares, difundido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sitúa a Uruguay a la cabeza con 629.04 dólares, seguido por Chile con 565.95 dólares. Inmediatamente después de México, se encuentran países como Colombia con 532.00 dólares, Guatemala con 522.30 dólares y Belice con 519.60 dólares. Otros países en la lista incluyen Ecuador (482.00 dólares), Bolivia (478.50 dólares), Honduras (461.35 dólares), Paraguay (434.86 dólares), El Salvador (408.80 dólares), Panamá (350.00 dólares), Perú (335.61 dólares), Brasil (307.99 dólares), Argentina (231.88 dólares) y Nicaragua (217.61 dólares), manteniendo a México en la parte alta del comparativo regional.

Este avance es resultado de una política sostenida de aumentos al salario mínimo, la cual, según declaraciones del titular de la STPS, Marath Baruch Bolaños, permitirá una recuperación del 154.2% del poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación, alcanzando su nivel real más alto desde 1980. La presidenta Sheinbaum ha asegurado que estos incrementos no han provocado impactos negativos en la inflación ni en la inversión extranjera, que se mantiene en cifras récord.

Además de la política salarial, las reformas laborales en México incluyen el plan para la reducción de la jornada laboral semanal. Aunque la aprobación del incremento salarial para 2026 fue concertada en diciembre de 2025 por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), y el anuncio de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales fue previamente comunicado por la presidenta en diciembre, la discusión sobre la progresiva disminución de horas laborales, que comenzaría en 2027 tras la aprobación de reformas legales en el Congreso durante 2026, continúa siendo un tema central en la agenda económica y social. La disminución de dos horas semanales cada año, hasta alcanzar las 40 horas, se espera que mejore la calidad de vida de los trabajadores y fortalezca el desarrollo económico y social del país. Estos cambios reflejan el objetivo del Gobierno Federal de consolidar un modelo de “prosperidad compartida”, donde el crecimiento económico se traduzca directamente en el bienestar de la población, especialmente en los sectores más vulnerables. La colaboración entre el gobierno, los trabajadores y el sector empresarial ha sido clave para alcanzar estos acuerdos, demostrando un consenso en la búsqueda de una mayor justicia social.

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