Perú Impulsa Reforma Clave del Asilo Diplomático ante la OEA por Caso Betssy Chávez y México

En un movimiento diplomático de alto impacto, Perú ha llevado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) una propuesta formal para modificar la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático. La iniciativa, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo De Zela, busca evitar lo que considera un "uso indebido" del tratado, que a su juicio ha sido "desvirtuado" en casos recientes, como el de la ex primera ministra Betssy Chávez.

La controversia surge en medio de la disputa bilateral entre Perú y México, luego de que este último otorgara asilo a Betssy Chávez, quien fue condenada a 11 años y 5 meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. El gobierno peruano argumenta que la convención, diseñada originalmente para proteger a personas de la persecución política en Estados democráticos, se está utilizando para salvaguardar a individuos acusados de delitos comunes, lo que "tergiversa" su propósito original.

El canciller De Zela presentó formalmente la posición peruana ante el Consejo Permanente de la OEA el 3 y 4 de diciembre de 2025, señalando que la situación de Chávez evidencia una "evolución negativa" en la aplicación del derecho de asilo. Perú ha solicitado que, al evaluar las solicitudes de asilo, se realice un análisis "objetivo y con información del Estado territorial y otras fuentes confiables" antes de decidir su procedencia, en lugar de depender exclusivamente de un criterio subjetivo.

Según De Zela, el objetivo es "corregir la aplicación de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático" y asegurar que "vuelva a ser lo que era en su origen, una protección para que los perseguidos políticos tengan la posibilidad de no ser perseguidos". Además, anunció que Perú podría llevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los países miembros a fortalecer el multilateralismo y los tratados sobre asilo.

La propuesta peruana ha encontrado resistencia por parte de México. La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, defendió la actuación de su país conforme a la normativa interamericana vigente al otorgar el asilo a Chávez y exigió respeto al derecho internacional. Baños argumentó que la OEA no es el "espacio competente" para revisar ni reinterpretar la Convención de Caracas, y criticó a Perú por intentar politizar una disputa bilateral. La representante mexicana subrayó que no todos los Estados parte del tratado integran el organismo, y algunos países miembros ni siquiera son parte del acuerdo.

El canciller peruano había adelantado la intención de su gobierno de buscar formalmente esta modificación "antes de fin de año", habiendo sostenido reuniones individuales con cancilleres de la región para informarles sobre la visión peruana, una iniciativa que, según él, "ha sido recibida con mucho interés". La postura de Perú se enmarca en la búsqueda de generar un consenso en América Latina para "hacer lo correcto" en la aplicación de las normas de asilo.

El caso de Betssy Chávez ha sido un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas entre Perú y México, llevando a un enfriamiento y a la ruptura de relaciones entre ambos países en ciertos momentos. La condena a Chávez por conspiración para la rebelión se produjo en un contexto de tensiones políticas significativas en Perú, y la situación de su asilo en la embajada mexicana en Lima ha mantenido el tema en la agenda internacional.

Esta discusión en la OEA resalta las complejidades del derecho internacional y la interpretación de los tratados de asilo en un continente con una rica historia de inestabilidad política. La iniciativa peruana busca sentar un precedente para la revisión y actualización de normativas que, si bien fueron pioneras en su momento, requieren adaptación a las realidades democráticas actuales para evitar que se conviertan en herramientas para eludir la justicia en casos de delitos comunes.

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