Senado Acelera Reforma Constitucional Clave contra el Feminicidio

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El Senado de México discutirá una reforma constitucional clave al Artículo 73 para crear una ley general contra el feminicidio, buscando homologar criterios y sanciones a nivel nacional para una justicia integral.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, ha anunciado que la discusión de una reforma constitucional fundamental para fortalecer la lucha contra el feminicidio en México se adelantará y será abordada en sesión plenaria el próximo martes. Esta iniciativa legislativa busca modificar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y persecución del feminicidio.

La reforma propuesta surge como una respuesta a la necesidad imperante de homologar los criterios y sanciones en todo el territorio nacional, garantizando así una justicia integral para las víctimas y sus familias, y eliminando las disparidades legales que actualmente existen entre las entidades federativas. La senadora Castillo Juárez enfatizó que esta medida es crucial para establecer bases claras y uniformes que permitan enfrentar este delito de manera coordinada y efectiva.

Actualmente, cada estado posee su propia legislación en materia de feminicidio, lo que ha generado inconsistencias en la tipificación, investigación y sanción de este grave delito. La propuesta, que ha sido impulsada desde la Presidencia de la República por Claudia Sheinbaum Pardo, busca corregir estas divergencias al crear un mismo tipo penal, sanciones y agravantes homologadas para todo el país.

Según lo expuesto por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher Camarena, sólo nueve códigos penales estatales contemplan las mismas razones de género que el tipo penal federal, lo que evidencia la disparidad de criterios y la necesidad de una legislación unificada. La nueva ley general obligará a las autoridades de los tres niveles de gobierno —Federación, estados y municipios— a actuar bajo criterios unificados para prevenir, investigar, perseguir y castigar el feminicidio, considerado la forma más extrema de violencia contra las mujeres.

Un aspecto central de esta reforma es la obligación de investigar, desde el primer momento, toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio, incorporando de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso. Esto busca asegurar que la investigación y sanción de los feminicidios se realice con un mismo estándar para todas las autoridades, erradicando la impunidad y fortaleciendo el sistema de justicia penal. La iniciativa presidencial plantea además la creación de un registro nacional de feminicidios y un padrón específico de menores en condición de orfandad por este delito.

En cuanto a las posibles sanciones, se ha detallado que el delito de feminicidio podría implicar penas de prisión que irían de los 40 a los 70 años, tras su homologación en todos los estados. Además, la iniciativa contempla la consideración de 21 agravantes, incluyendo que la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor o persona con discapacidad, que se encuentre en situación de movilidad, o que el delito se cometa frente a hijos o hijas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, ha reiterado la pertinencia y necesidad de esta reforma frente al contexto actual, el cual califica de preocupante, haciendo referencia a estadísticas regionales que indican que, en los últimos cinco años, al menos 19 mil 100 mujeres y niñas han sido asesinadas por razones de género en América Latina y el Caribe. La discusión y eventual aprobación de esta reforma representaría un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las mujeres y en la construcción de un sistema de justicia más equitativo y eficaz en México.

Además de esta trascendental reforma, el Pleno del Senado tiene en su agenda la discusión de otros asuntos relevantes durante la semana. Entre ellos se encuentran el análisis de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que busca fortalecer el derecho humano a la cultura y la conservación del patrimonio nacional. También se tiene prevista la toma de protesta de una jueza y dos magistrados de circuito, así como una ceremonia solemne para nombrar el Salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez en honor a su trayectoria.

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