Rocha Exige Justicia Imparcial en Caso de Marisquero Fallecido: "Sin Privilegios ni Consideraciones"

Culiacán, Sinaloa. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha emitido un contundente pronunciamiento en relación con el trágico fallecimiento de José Luis “N”, conocido popularmente como “El Chapo de los Mariscos”. El mandatario estatal afirmó con vehemencia que la totalidad del peso de la ley debe recaer sobre Joel “N”, el funcionario del Infonavit involucrado en el incidente que le costó la vida al comerciante el pasado domingo 9 de noviembre en Culiacán. Estas declaraciones fueron realizadas durante una gira de trabajo el 13 de noviembre de 2025 en el municipio de Badiraguato, donde Rocha Moya enfatizó la necesidad de una aplicación rigurosa de la justicia, libre de cualquier tipo de trato preferencial o consideración especial para el servidor público implicado.

El lamentable suceso tuvo lugar en la mañana del 9 de noviembre de 2025, cuando una camioneta arrolló a José Luis “N” y su negocio de mariscos. Los hechos se reportaron alrededor de las 09:30 horas a las líneas de emergencia del 911, específicamente en la confluencia de la calle Venustiano Carranza y la avenida Gabriel Leyva Solano, en pleno Centro de Culiacán, en la colonia Benito Juárez. Paramédicos de la Cruz Roja que se trasladaron al lugar confirmaron que el comerciante ya no presentaba signos vitales.

El gobernador Rocha Moya hizo hincapié en que todos los funcionarios públicos, ya sean federales, municipales o estatales, tienen la obligación ineludible de extremar precauciones y conducir sus vehículos con la máxima responsabilidad. Su mensaje fue claro: la condición de servidor público no debe ser un escudo contra las consecuencias de los actos irresponsables. “Es muy lamentable eso, un funcionario federal, un municipal o estatal debe de tener cuidado con los peatones porque es gente que está haciendo su negocio en la calle, deben de tener cuidado y deben de ser sancionados de acuerdo con la ley, quien sea, en este caso no debe tener ninguna consideración más que cubrir lo que la ley le imponga”, sentenció el gobernador.

En su entrevista, el mandatario sinaloense subrayó que el involucrado, identificado como Joel “N”, debe ser sancionado sin ningún tipo de privilegio ni trato especial, a pesar de su cargo. La ley, según Rocha Moya, debe aplicarse con rigor y de manera equitativa para todos. Esta postura reitera el compromiso de su administración con la imparcialidad y la justicia, buscando asegurar que la posición en el gobierno no exima a nadie de asumir plenamente las consecuencias legales de sus acciones. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en este caso, donde un servidor público está implicado en un incidente de tan grave magnitud.

En el ámbito legal, Joel “N” quedó sujeto a proceso tras una audiencia inicial llevada a cabo el martes 11 de noviembre. Un juez de control determinó que existen suficientes elementos para investigarlo por los delitos de homicidio culposo y daños culposos, además de infracciones relacionadas con la seguridad de tránsito. El juzgador estableció que el caso corresponde a un atropellamiento y resolvió continuar con el procedimiento penal en su contra.

A pesar de la imputación de delitos graves, no se ordenó prisión preventiva para Joel “N”. En su lugar, se le impusieron medidas cautelares estrictas: deberá acudir a firmar cada 15 días, tiene prohibido salir del estado de Sinaloa y no podrá acercarse a los testigos ni al sitio donde ocurrió el incidente. La defensa contará con un periodo de dos meses para desarrollar la investigación complementaria, tiempo durante el cual tanto las medidas cautelares impuestas como la vinculación a proceso se mantendrán vigentes.

El caso ha generado un amplio interés público, no solo por la trágica pérdida de “El Chapo de los Mariscos”, sino también por la implicación de un funcionario. La declaración del gobernador Rocha Moya busca garantizar a la ciudadanía que, en Sinaloa, la justicia prevalecerá sin importar el cargo o la posición social de los implicados. La comunidad espera que el proceso legal se desarrolle con la máxima transparencia y que las autoridades actúen conforme a lo establecido en la ley, reafirmando la igualdad de todos ante la justicia. Este trágico evento sirve como un recordatorio severo de la responsabilidad que conlleva la conducción vehicular y, más aún, de la conducta esperada de quienes ostentan un cargo público.

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