SAT endurece el control del e-commerce en 2026: Sanciones por fragmentación de pedidos impactarán precios y plataformas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha implementado nuevas y más estrictas normativas para el comercio electrónico que entrarán en vigor en 2026. Estas disposiciones, formalizadas el 14 de enero de 2026 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), buscan combatir la evasión fiscal en el e-commerce transfronterizo, con un enfoque particular en la penalización de la fragmentación de pedidos.

La medida central radica en la sanción a la fragmentación de pedidos, una práctica recurrente identificada por las autoridades fiscales. Esta estrategia ha sido utilizada para eludir el pago del Impuesto General de Importación (IGI) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante el uso indebido de esquemas simplificados de importación. Contrario a la percepción de un posible vacío legal, el SAT ha aclarado que estas operaciones ya se encontraban reguladas. Sin embargo, lo que se modifica en 2026 es la formalización de un criterio que permitirá sancionar de manera directa a todos los actores que participen en este tipo de maniobras.

Las implicaciones de esta nueva normativa son amplias. El endurecimiento de las reglas podría impactar directamente los precios de productos importados, tales como gadgets y ropa, haciendo que las compras en línea desde el extranjero sean potencialmente más costosas para el consumidor final. Además, la responsabilidad fiscal no recae únicamente en el vendedor extranjero. Las plataformas de comercio electrónico y los servicios de paquetería también podrán ser objeto de sanciones, extendiendo el alcance de la fiscalización a toda la cadena de suministro digital. Las prácticas de fragmentación de pedidos, con el fin de evadir impuestos, podrían incluso tipificarse como contrabando o defraudación fiscal, lo que subraya la seriedad de las consecuencias para quienes infrinjan estas reglas.

El objetivo primordial del Gobierno federal con estas medidas es fortalecer la recaudación de impuestos y asegurar condiciones de competencia equitativas en el creciente mercado del comercio electrónico. Esto se da en un contexto de acelerado crecimiento de las compras internacionales en línea, haciendo necesario un marco regulatorio más robusto para garantizar el cumplimiento fiscal.

Paralelamente a estas acciones dirigidas al e-commerce, el SAT ha introducido otras reformas significativas para 2026 que refuerzan el control fiscal en diversas áreas. A partir del 1 de enero de 2026, se aplicarán nuevas reglas de control y verificación sobre la facturación electrónica. Estas normativas podrían llevar a la suspensión de la capacidad para emitir facturas cuando se detecten errores, inconsistencias o irregularidades en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). La suspensión del Certificado de Sello Digital (CSD), herramienta indispensable para emitir facturas válidas, impediría a los contribuyentes documentar ingresos y cumplir con obligaciones fiscales, afectando directamente la operación de los negocios, especialmente en sectores como el comercio electrónico y la prestación de servicios profesionales.

Asimismo, el SAT ha ampliado sus facultades de control sobre las plataformas digitales en general. El nuevo artículo 30-B obliga a las plataformas digitales, tanto de servicios como de contenido, a permitir el acceso en línea y en tiempo real a la información fiscal. Esto incluye plataformas de transporte, entrega, hospedaje, comercio electrónico (como Amazon, Mercado Libre, Shein, Temu, AliExpress), contenido y servicios profesionales. En caso de incumplimiento, la autoridad fiscal podría incluso ordenar un bloqueo temporal del servicio, lo que se ha denominado “apagón digital”.

Otro punto relevante en el Paquete Económico 2026 es la imposición de nuevas retenciones fiscales para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que operan en plataformas digitales. Se prevén retenciones de hasta el 10.5% sobre sus ingresos brutos (2.5% de ISR y 8% de IVA). Organizaciones como Mercado Libre y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) han alertado que estas retenciones podrían afectar gravemente la liquidez de miles de Pymes, poniendo en riesgo su sostenibilidad, destruyendo empleos digitales y encareciendo las compras en línea para los consumidores. Se estima que estas medidas podrían llevar a que consumidores migren a proveedores asiáticos que no contribuyen a la economía del país.

Estas modificaciones forman parte de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) y las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2026, emitidas por el SAT con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, aunque también endurecen los controles en diversos frentes. El panorama fiscal para el comercio electrónico y los contribuyentes en general se presenta más riguroso en 2026, con el enfoque claro de las autoridades en la transparencia y la erradicación de la evasión fiscal.

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