Senado de México Ratifica Nueva Ley de Aguas sin Alteraciones: Ola de Críticas y Protestas Campesinas

En una sesión legislativa marcada por la celeridad y la confrontación, el Senado de la República aprobó el 05 de diciembre de 2025 la nueva Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales. La legislación, enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación, fue avalada con 85 votos a favor, principalmente de Morena y sus aliados (PT y PVEM), y 36 en contra, provenientes de la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano). Este proceso se llevó a cabo en la Cámara Alta sin introducir cambio alguno a la minuta previamente aprobada por la Cámara de Diputados, a pesar de las intensas críticas y manifestaciones que se extendieron por diversas entidades del país.

La aprobación en el Senado, calificada por la oposición como un procedimiento “exprés” y un acto de “aplanadora” legislativa, incluyó la dispensa de trámites para su discusión directa en el Pleno. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su rotundo rechazo, argumentando que la nueva ley es centralista y busca el control político del agua por parte del gobierno. Ricardo Anaya, coordinador del PAN, presentó una moción suspensiva, la cual fue rechazada, y denunció que la ley “sólo pretende tener el control del agua para concentrar más poder”, y que se le ha “mentido a los campesinos”. Advirtió que la legislación cancela la transmisibilidad de concesiones de agua entre particulares y permitiría al gobierno reasignar volúmenes discrecionalmente cuando un campesino venda su tierra.

Las bancadas de oposición desplegaron mantas en el salón de sesiones con mensajes como “Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo” y “Morena Traiciona al Campo”. También se criticó que la ley nacía “manchada de inconstitucionalidad” y prisas políticas, sin un diálogo genuino con los productores o la consulta a los pueblos indígenas.

En contraste, Morena y sus aliados defendieron enérgicamente la legislación, asegurando que su objetivo es garantizar el acceso equitativo al agua para todo el pueblo mexicano, priorizando el consumo humano y doméstico. Senadores guindas enfatizaron que “El agua es vida, no mercancía” y que la reforma busca “acabar con el hampa hídrica” y evitar el acaparamiento del recurso. Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, refutó las acusaciones de la oposición leyendo el artículo 49 de la Ley General de Aguas, el cual, según su interpretación, asegura que al vender una parcela, el nuevo propietario conservará los derechos sobre la explotación, uso y aprovechamiento del líquido correspondiente. También se argumentó que la ley asegura la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y fusiones, protegiendo el patrimonio de las familias campesinas.

La discusión legislativa estuvo enmarcada por múltiples protestas en todo el país. Campesinos y productores agrícolas de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Puebla, Tlaxcala y Veracruz realizaron bloqueos en carreteras, puentes fronterizos y líneas ferroviarias, exigiendo la inclusión de sus demandas en la nueva legislación. En Chihuahua, los agricultores mantuvieron bloqueos en aduanas y tramos carreteros, generando pérdidas millonarias para la industria de la región. Tras reuniones con la Secretaría de Gobernación, los productores de Chihuahua acordaron levantar los bloqueos a cambio de una mesa de diálogo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para aclarar sus dudas sobre la nueva normativa. Una de las principales preocupaciones de los manifestantes era la prohibición de la transmisión de concesiones de agua entre particulares, con la obligatoriedad de que sea Conagua quien las distribuya nuevamente.

La nueva Ley General de Aguas, que deroga la Ley de Aguas Nacionales de 1992, introduce el concepto de “responsabilidad hídrica”, transforma el Registro Público de Derechos de Agua en un Registro Nacional del Agua y modifica la estructura de pago de cuotas para evitar el acaparamiento. Asimismo, establece sanciones severas, incluyendo multas de hasta 4.5 millones de pesos y penas de hasta ocho años de prisión para quienes cedan o transmitan concesiones de agua o cambien su uso sin autorización. Aunque la Cámara de Diputados había introducido alrededor de 50 a 68 modificaciones a la iniciativa original, lo que un líder campesino de Chihuahua reconoció que “suaviza los efectos nocivos de la ley” y les da “cierta garantía de que vamos a seguir trabajando”, otros líderes del campo expresaron sentirse “traicionados” por la aprobación final, señalando que los avances importantes para el sector no se concretaron plenamente.

Con la aprobación en el Senado, la legislación ha concluido su trámite legislativo y ha sido turnada al Ejecutivo Federal. Sin embargo, se anticipa que la nueva ley podría enfrentar amparos judiciales por parte de agricultores y críticas a nivel internacional debido a su impacto en las inversiones.

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