Sheinbaum Abroga Decreto de AMLO: Fin a la Regularización de 'Autos Chocolate' en México a partir de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha decretado el fin del programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos popularmente como “autos chocolate”, una medida implementada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La abolición de este esquema, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con efecto a partir del 1 de enero de 2026, marca un giro significativo en la política automotriz del país, poniendo fin a una iniciativa que, según algunas fuentes, se había extendido hasta septiembre u octubre de este mismo año, o incluso diciembre de 2026. Sin embargo, la abrogación precisa que la vigencia del decreto anterior concluyó el 31 de diciembre de 2025.

El decreto original, emitido en octubre de 2021 y en vigor desde 2022, buscaba otorgar certeza jurídica a los propietarios de estos vehículos, proteger el patrimonio familiar y, en algunos casos, contribuir a la seguridad pública al identificar unidades que circulaban de manera irregular. Durante su vigencia, el programa permitió la regularización de una cifra considerable de automóviles, superando los 2.5 millones de unidades, y acercándose a casi 3 millones de vehículos regularizados hasta noviembre de 2025.

Los fondos recaudados a través de un pago único de 2,500 pesos por unidad regularizada, según lo establecido por el programa anterior, fueron destinados a obras de pavimentación en los municipios participantes. Este esquema benefició principalmente a estados fronterizos y con alta migración, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

La decisión de la Presidenta Sheinbaum de abrogar este decreto se fundamenta en la consideración de que el objetivo inicial del programa ha sido cumplido. Las autoridades federales argumentan que ya no es necesario continuar otorgando los beneficios establecidos, buscando evitar que el instrumento pueda derivar en “malas prácticas” y alejarse del propósito original por el cual fue emitido. Además, se busca retomar las reglas de importación formal con el fin de proteger la industria nacional y asegurar que los vehículos que ingresen al país cumplan con las normas de seguridad y ambientales establecidas.

La industria automotriz nacional había expresado previamente su inconformidad con el programa, considerándolo una competencia desleal y un factor que alentaba la cadena delictiva del contrabando. Argumentaban que el programa facilitaba la entrada de unidades sin cumplir con los estándares de importación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que fomentaba la circulación de vehículos altamente contaminantes y en mal estado, afectando la seguridad vial.

Con la abrogación, la importación de vehículos usados deberá ajustarse exclusivamente a las normativas generales de comercio exterior y a los lineamientos establecidos en el T-MEC. Esto implica que se establecerán límites de antigüedad y condiciones físico-mecánicas para la circulación de vehículos en territorio mexicano. Para los propietarios de vehículos que ya lograron regularizar sus unidades, la validez de sus documentos se mantiene. Sin embargo, aquellos que no alcanzaron a inscribirse en el programa deberán ahora ajustarse a los procesos de importación formal, lo que implica mayores costos y requisitos.

El cierre de este programa representa un esfuerzo del gobierno federal por reordenar las importaciones y consolidar un mercado automotriz más estructurado y conforme a las regulaciones vigentes, poniendo fin a un capítulo de política pública que generó amplios debates sobre sus beneficios y sus impactos en la economía y la seguridad vehicular nacional.

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