Sheinbaum Informa Avances en Caso Ayotzinapa
Publicado elLa presidenta informa sobre los avances en el caso Ayotzinapa, incluyendo nuevas detenciones y líneas de investigación tras la aprehensión de Ángel Aguirre.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, marcó la agenda política nacional este 28 de agosto con importantes anuncios durante su conferencia matutina, abordando tanto los avances en el caso Ayotzinapa.
En un encuentro celebrado en Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum se reunió con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Según sus declaraciones, los padres y madres de los estudiantes se mostraron "muy receptivos" ante la información presentada por el fiscal encargado del caso, Mauricio Pazarán Álvarez, quien expuso nuevas líneas de investigación y avances significativos en la indagatoria. La mandataria federal aseguró que el caso Ayotzinapa sigue siendo una "prioridad de Estado", reiterando la firme intención de mantener todas las acciones necesarias para llegar a la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar la justicia que tanto exigen las familias.
Entre los desarrollos más relevantes presentados a los familiares se encuentra la información relacionada con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ocurrida el pasado 6 de agosto de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a Aguirre bajo la acusación de haber ocultado evidencia crucial vinculada al caso Ayotzinapa. Las investigaciones apuntan a que el exgobernador habría ordenado la desaparición de videos relacionados con la detención de los normalistas en Iguala. Este suceso representa un giro en la investigación y abre nuevas perspectivas sobre posibles responsabilidades en la desaparición de los estudiantes, a casi 12 años de los hechos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a la Ciudad de México.
Las nuevas líneas de investigación se nutren, en parte, del exhaustivo análisis de sábanas de llamadas telefónicas correspondientes a la noche y madrugada de la desaparición, registros que, según se ha señalado, no fueron estudiados a fondo por las autoridades investigadoras en su momento. Este análisis ha permitido identificar nuevas pistas y personas que anteriormente no habían sido vinculadas al caso y que, en la actualidad, ya se encuentran detenidas. Asimismo, la Secretaría de Gobernación ha detallado que los acuerdos establecidos con los familiares incluyen la necesidad de agotar todas las líneas de investigación, fortalecer las labores de búsqueda de los normalistas, acelerar el análisis de la información recabada e intensificar las gestiones con gobiernos extranjeros para concretar extradiciones pendientes. Entre estas, se mencionó específicamente la de Ulises Bernabé, quien fungía como juez de Barandilla en Iguala en 2014.
La presidenta Sheinbaum adelantó que antes del 26 de septiembre, fecha en la que se conmemora el duodécimo aniversario de la desaparición de los normalistas, las familias recibirán un informe exhaustivo con los avances y resultados más recientes de las investigaciones. Adicionalmente, la mandataria solicitó a la Fiscalía General de la República que prepare un informe público sobre el progreso de la investigación, siempre y cuando su divulgación no comprometa el desarrollo de las indagatorias en curso. Durante la reunión, los familiares también compartieron sus propios planteamientos y las actividades que tienen programadas para conmemorar el trágico aniversario.
En otro de los puntos álgidos de su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum dirigió duras críticas a la estrategia conocida como la "guerra contra el narcotráfico", impulsada durante el mandato de Felipe Calderón. La calificó de "fallida", "autoritaria e irresponsable", y señaló que fue directamente responsable de generar un incremento en la violencia en el país. Sheinbaum argumentó que esta estrategia operó como un "estado de excepción" no declarado formalmente, donde las fuerzas armadas y policiales actuaron fuera de los procedimientos legales, otorgando lo que ella denominó un "permiso para matar".
La mandataria cuestionó el papel de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, quien, según sus palabras, estuvo al frente de esta "guerra" y posteriormente fue encarcelado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Sheinbaum enfatizó que García Luna realizó "negocios corruptos" tras dejar el gobierno federal, lo que llevó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a abrir una investigación. Destacó además que un tribunal en Estados Unidos ha ordenado el pago de casi 579 millones de dólares a México por el esquema de corrupción vinculado al caso García Luna. Gracias a estas acciones, el Estado mexicano ha logrado recuperar 5.8 millones de dólares hasta el 25 de agosto de 2026, fondos que serán destinados al mejoramiento de escuelas en las montañas de Guerrero.
La presidenta también lanzó un llamado a la oposición para que se enfoque en los delitos cometidos por García Luna, en lugar de acusar a su administración de ser un "narcogobierno", calificando dicha postura de hipócrita. En este contexto, Sheinbaum exigió al expresidente Calderón que explique lo sucedido y por qué no informó sobre los presuntos nexos de García Luna con cárteles del crimen organizado, a pesar de que se le habría notificado desde 2007. Señaló, no obstante, que Felipe Calderón y exintegrantes de su gabinete no figuran como receptores de recursos en la trama de lavado de dinero ligada a García Luna, según las investigaciones actuales.
Finalmente, Sheinbaum resaltó los logros de la Unidad de Inteligencia Financiera durante su gestión, informando que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se han bloqueado 24 mil 622 cuentas bancarias, congelado un monto acumulado de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos, y vinculado a 2 mil 395 sujetos con actividades ilícitas. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de una actuación coordinada y bilateral con Estados Unidos para combatir el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, instando a investigar el origen y destino de estos fondos a ambos lados de la frontera.
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