Sheinbaum Anuncia Reforma: Tope a Pensiones Millonarias para Altos Mandos

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Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia reforma constitucional para frenar pensiones millonarias de exfuncionarios, estableciendo un tope de 70 mil pesos mensuales. La medida busca ahorrar 5 mil mdp anualmente para programas de bienestar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este 18 de febrero de 2026 una iniciativa de reforma constitucional que busca poner fin a las elevadas pensiones de exfuncionarios de altos mandos en diversas entidades del Estado. El anuncio, realizado durante su conferencia de prensa matutina, marca un paso significativo en la política de austeridad y equidad en el manejo de los recursos públicos. Esta propuesta, que será enviada al Senado el próximo lunes 23 de febrero, tiene como objetivo principal modificar el artículo 127 constitucional para establecer un límite claro a estas jubilaciones, buscando cerrar brechas, eliminar excesos y asegurar una distribución más justa de los fondos públicos.

La reforma planteada por la administración de la Presidenta Sheinbaum Pardo surge en respuesta a la preocupación por los montos excesivos que algunos exservidores públicos de alto nivel han llegado a percibir como jubilación. La mandataria explicó que existen casos donde exfuncionarios reciben hasta un millón de pesos al mes como jubilación, una situación que representa un gasto considerable y oneroso para las finanzas públicas. Esta problemática ha sido expuesta por diversas voces, incluyendo la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno de México, Raquel Buenrostro, quien detalló ejemplos de pensiones millonarias en empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como en la extinta Luz y Fuerza del Centro y Nafin.

Según los datos presentados por la secretaria Buenrostro, en la extinta Luz y Fuerza del Centro, de un padrón de 14,073 jubilados, 9,457 (equivalente al 67%) reciben una pensión que oscila entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. Además, se reveló que 3,504 de estos jubilados perciben una cantidad superior al sueldo neto mensual de la Presidenta de México. En Pemex, 544 personas pensionadas también gozan de montos superiores a las percepciones de la titular del Ejecutivo. Estas cifras subrayan la magnitud de las “pensiones sin privilegios” que la reforma busca corregir.

La iniciativa de reforma propone establecer que ninguna pensión de ex trabajadores de confianza de altos mandos podrá superar el 50 por ciento del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal. Esto se traduce en un límite aproximado de 70 mil pesos mensuales, un monto que la Presidenta Sheinbaum consideró “bastante digno” en comparación con las jubilaciones actuales de un millón de pesos. La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Estela Damián Peralta, quien participa en la elaboración del proyecto, detalló que la medida aplicaría a exfuncionarios de empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y la banca de desarrollo.

Es importante destacar que la reforma busca ser precisa en su alcance. Sheinbaum Pardo enfatizó que la propuesta no afectará las pensiones establecidas en condiciones generales de trabajo, ni las de ministros, dejando claro que el enfoque está en las jubilaciones de exfuncionarios de confianza de alto nivel que actualmente gozan de privilegios. Respecto a las pensiones ya otorgadas con montos elevados, la Presidenta aclaró que “el que gana un millón hasta ahora, pues ya lo ganó”, pero a partir de la aprobación de la reforma constitucional, estas pensiones se ajustarán al nuevo tope de 70 mil pesos mensuales.

La expectativa del gobierno federal es que, de aprobarse esta reforma, se generen ahorros estimados en cinco mil millones de pesos anuales. Estos recursos, según lo anunciado por la Presidenta, serían íntegramente destinados a programas sociales y acciones de bienestar, fortaleciendo iniciativas como la Pensión para el Bienestar. Con esta medida, el gobierno busca reafirmar los principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera, eliminando privilegios y asegurando que los recursos públicos beneficien a la población en general. La iniciativa representa un paso audaz hacia una mayor equidad y justicia en el sistema de pensiones del país, buscando optimizar la asignación de fondos para el desarrollo social y económico de México.

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