Sinaloa: 12 Denuncias por Extorsión en 2026 Ponen a Prueba Nueva Ley Antiextorsión y Estrategia de Seguridad Estatal

En lo que va del año 2026, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha registrado un total de 12 denuncias por el delito de extorsión, en sus diversas modalidades. A pesar de esta cifra, la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo ha señalado que la incidencia de este delito se considera baja en la entidad, una postura que las autoridades mantienen frente a la percepción de algunos sectores sobre un posible repunte.

La fiscal Sánchez Kondo ha enfatizado que la institución está trabajando activamente en la atención de estos casos mediante el Plan Nacional de Seguridad, que incluye estrategias específicas para la prevención y el combate a la extorsión. Según sus declaraciones, la incidencia se basa en las denuncias formales que recibe la Fiscalía General del Estado (FGE), y para reforzar la lucha contra este ilícito, la dependencia cuenta con una Unidad Especializada Antisecuestro conformada por personal capacitado.

Esta cifra de 12 denuncias en los primeros meses de 2026 contrasta con los más de 80 casos de extorsión registrados en Sinaloa durante el año 2025. A nivel nacional, la extorsión fue el único delito de alto impacto que mostró un aumento en 2025, con un incremento del 2.3 por ciento, lo que se traduce en un promedio de 30 víctimas diarias. Esta tendencia subraya la importancia de las medidas adoptadas por el estado de Sinaloa.

En respuesta a la preocupación por este delito, el Congreso del Estado de Sinaloa ha aprobado una nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, la cual fue publicada por el Gobierno de Sinaloa. Esta legislación representa un esfuerzo significativo para fortalecer el combate a la extorsión en todo el estado, estableciendo que el delito será perseguido de oficio, eliminando la necesidad de una denuncia formal por parte de la víctima para iniciar las investigaciones.

La nueva ley fija las bases para una coordinación obligatoria entre las autoridades estatales y municipales en la prevención, investigación y sanción de la extorsión. Entre las medidas contempladas, se incluye el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia, la realización de operativos conjuntos y el lanzamiento de campañas de difusión para alertar a la ciudadanía sobre las distintas modalidades de este delito. Asimismo, se prevé la creación de unidades especializadas dentro de la Fiscalía, con personal capacitado para atender estos casos, y se fortalecerá la coordinación con autoridades federales y de otras entidades.

Un aspecto crucial de la legislación es la inclusión de acciones específicas para evitar que se cometan extorsiones desde centros penitenciarios, como el bloqueo de señales y la restricción del uso de dispositivos electrónicos. El decreto también establece un plazo de 90 días para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado diseñe una estrategia estatal integral para prevenir y combatir este delito tras la entrada en vigor de la ley.

La modalidad de extorsión más común en Sinaloa es la telefónica, que a menudo se convierte en secuestro virtual, situando al estado en el lugar número 22 a nivel nacional en esta forma delictiva. Los estados con atención prioritaria por el mayor número de carpetas de investigación en extorsión, acumulando el 66 por ciento de los casos a nivel nacional, son el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero.

El sector comercial de Sinaloa ha expresado su preocupación por la posibilidad de un repunte en el cobro de piso, una inquietud que se incrementó tras la privación ilegal de la libertad de diez mineros en Concordia. No obstante, las autoridades federales y locales han descartado que este incidente estuviera relacionado con extorsión o cobro de piso, informando que los mineros fueron confundidos por un grupo del crimen organizado como rivales.

A pesar de la postura oficial de baja incidencia, desde 2024 algunos representantes del sector comercial han reportado un repunte en las extorsiones telefónicas en Sinaloa, considerándolas un factor que ahuyenta la confianza de los inversionistas. La vandalización de locales comerciales y el cierre continuo de negocios, especialmente en Culiacán, también han llamado la atención de la ciudadanía y alimentan la posibilidad de un incremento en este tipo de delitos.

La implementación de la nueva ley y las estrategias continuas bajo el Plan Nacional de Seguridad son fundamentales para enfrentar este desafío y asegurar la protección de los ciudadanos y la promoción de un entorno seguro para las actividades económicas en Sinaloa. Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia, incluso a través de la línea anónima 089, para poder investigar y brindar acompañamiento a las víctimas.

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