Ley Trasciende en México: Avance Frenado y Debate Crítico sobre la Eutanasia ante Periodo Electoral
Publicado elLa 'Ley Trasciende' en México se estanca en el Senado por falta de voluntad política y opinión de la Secretaría de Salud. Samara Martínez urge su dictaminación para legalizar la eutanasia y muerte digna, con amplio apoyo social y médico.
La “Ley Trasciende”, una iniciativa que busca despenalizar y regular la eutanasia en México para garantizar el derecho a una muerte digna, se encuentra en un punto crítico de su proceso legislativo. A pesar del respaldo social y médico, y los avances técnicos y sociales logrados, la propuesta se halla estancada en el Senado de la República debido a la percibida falta de voluntad política y la demora en obtener una opinión técnica crucial de la Secretaría de Salud.
Impulsada por la activista Samara Martínez, quien padece enfermedades crónico-degenerativas, la ley ha vuelto a colocarse en la agenda pública con un llamado urgente para su dictaminación antes del cierre del periodo electoral. Martínez, que sufre de insuficiencia renal crónica terminal, lupus eritematoso sistémico, hipertensión y dislipidemia mixta, ha enfatizado que “los tiempos legislativos no son los tiempos de las enfermedades”, lamentando que el Senado no haya aprobado aún su propuesta presentada en octubre pasado. La activista ha señalado que el problema principal no es técnico, sino político, dado que la iniciativa, según ella, no genera beneficios electorales inmediatos para quienes deberían impulsarla.
La “Ley Trasciende” propone una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de derogar el artículo 166 Bis 21, el cual actualmente tipifica la eutanasia y el suicidio asistido como homicidio por piedad, castigando con hasta 12 años de prisión. La iniciativa busca establecer un proceso regulado, voluntario y supervisado por profesionales, en el que se priorice la autonomía del paciente y se elimine la criminalización de actos compasivos. Para evitar abusos, la ley contempla requisitos estrictos: el solicitante debe ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades y ratificar su deseo por escrito ante notario; se exigen dos diagnósticos médicos independientes que confirmen una enfermedad incurable o discapacitante; y se garantiza que, si un médico objeta por conciencia, un especialista sustituto sea provisto en menos de 48 horas en hospitales públicos. Samara Martínez ha recalcado que la ley no busca promover la muerte, sino “humanizarla”, asegurando que “ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, y sobre todo con agonía”. También se aclara que la eutanasia se presenta como una opción adicional, no como un sustituto de los cuidados paliativos.
El respaldo a la “Ley Trasciende” es significativo. Más de 128 mil ciudadanos y cerca de 2 mil profesionales de la salud han manifestado su apoyo a la iniciativa. Estudios cuantitativos y cualitativos reflejan que más del 70% de la población en México está a favor de que el Congreso legisle en favor de la eutanasia, una cifra que asciende al 80% entre la población joven. Senadores de diversas fuerzas políticas, a excepción del PAN, han presentado la iniciativa en nombre de miles de ciudadanos. Emmanuel Reyes Carmona, senador de Morena y uno de los impulsores, ha afirmado que existen las condiciones en México para aprobar esta ley, destacando la “oportunidad histórica” de integrar el derecho al bien morir entre los derechos humanos. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de MC, también ha expresado su compromiso con los pacientes que esperan una respuesta del Senado.
A pesar de este apoyo, la ley enfrenta importantes trabas. La Comisión de Salud del Senado ha sido criticada por tener más de 120 iniciativas atoradas y por no haber dictaminado la Ley Trasciende, a la espera de la opinión técnica de la Secretaría de Salud. Samara Martínez ha insistido en que esta dilación es resultado de una “falta de voluntad política integral desde el legislativo, pero sobre todo desde el ejecutivo”. La discusión podría postergarse hasta el periodo ordinario de sesiones de septiembre, lo que para muchos representa un grave retroceso.
Organizaciones civiles como Red Familia han llamado a un debate “serio, informado y responsable” sobre la eutanasia, advirtiendo que la discusión no debe reducirse a “consignas emocionales”. Esta agrupación subraya que la prioridad del Estado debería ser garantizar el acceso efectivo a cuidados paliativos integrales, ya que apenas el 5% de los pacientes terminales en el país tienen acceso a este tipo de atención. Argumentan que antes de autorizar la provocación de la muerte, el Estado debe asegurar que nadie solicite morir por abandono, miedo, soledad, depresión o falta de atención médica.
El debate sobre la eutanasia en México es complejo, involucrando principios éticos, religiosos, jurídicos y de salud pública. Mientras la legislación vigente solo permite rechazar tratamientos que prolonguen la vida y recibir cuidados paliativos, la “Ley Trasciende” busca ir más allá, garantizando el derecho a decidir sobre el propio final con dignidad. La situación actual pone de manifiesto la tensión entre la demanda social de un derecho fundamental y los obstáculos legislativos y políticos que impiden su avance.
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