México Propone Blindar la Constitución Contra el Matrimonio Infantil Forzado por Usos y Costumbres

La Cámara de Diputados impulsa una iniciativa legislativa que busca establecer, de manera explícita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas no podrán justificar ninguna práctica que atente contra el interés superior y los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, particularmente el matrimonio infantil forzado.

Esta propuesta surge en respuesta a la preocupación por la vulnerabilidad de menores en ciertas comunidades indígenas, donde las costumbres ancestrales han sido, en ocasiones, interpretadas para permitir uniones matrimoniales tempranas, violando derechos humanos elementales. La reforma constitucional busca garantizar una protección integral para la niñez en todo el territorio nacional, sin menoscabo del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios, pero dejando claro que este último no puede estar por encima de los derechos de los infantes y adolescentes.

Senadores, quienes previamente avalaron una reforma en este sentido, han advertido sobre los riesgos que enfrentan niñas y adolescentes indígenas, quienes, al regirse por usos y costumbres, son más propensas a sufrir matrimonios forzados. Estas uniones, a menudo impulsadas por normas de género y factores socioeconómicos como la pobreza, limitan drásticamente las oportunidades de vida de las niñas y vulneran sus derechos sexuales y reproductivos.

México se ha posicionado como el segundo país en América Latina y el octavo a nivel mundial en cuanto a matrimonios infantiles, con cifras alarmantes que reportaron al menos 153 mil uniones de este tipo entre 2010 y 2021. Aunque la legislación federal ya prohíbe el matrimonio infantil estableciendo los 18 años como edad mínima, la elevación de esta prohibición a rango constitucional es crucial para evitar interpretaciones ambiguas y asegurar la armonización de los marcos jurídicos estatales, combatiendo así la impunidad.

La iniciativa legislativa enfatiza que la erradicación de estas uniones forzadas impedirá que los usos y costumbres sean utilizados como atenuante o excluyente de responsabilidad ante un delito. Con ello, se busca reafirmar que las niñas, adolescentes y mujeres en México no deben ser consideradas "intercambiables", sino personas con dignidad y derechos que deben ser respetados irrestrictamente.

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