Trata Digital: Proponen Agravar Penas por Enganche de Menores en Redes y Videojuegos
Impulsan iniciativa en el Congreso para clasificar el enganche de menores a través de redes sociales y videojuegos como trata de personas agravada, buscando penas más severas y protección integral para la infancia digital.
La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del Grupo Parlamentario del PRI, ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de considerar como modalidad agravada este delito cuando la captación de menores de 18 años se realice a través de redes sociales, videojuegos o cualquier otra tecnología de la información.
La propuesta busca blindar la legislación frente a las nuevas tácticas de reclutamiento digital, que representan un grave riesgo para la niñez y adolescencia. En caso de aprobarse, esta conducta no admitiría beneficios de libertad anticipada ni reclasificación a tipos penales menores, como estupro o corrupción, especialmente cuando existan pruebas claras de fines de explotación o reclutamiento criminal.
Según la legisladora, la trata de personas ha evolucionado. Ya no se limita a espacios físicos tradicionales como estaciones o calles; ahora se gesta, acelera y ejecuta en entornos digitales, utilizando pantallas, perfiles falsos, chats privados, plataformas de redes sociales, servicios de mensajería y videojuegos en línea.
Cuando el enganche de niñas, niños y adolescentes ocurre en el ámbito digital, el daño se multiplica debido a la mayor capacidad de acecho, manipulación, segmentación de víctimas y expansión del control por parte de las redes criminales.
La iniciativa busca subsanar una "grieta normativa" que actualmente permite que el enganche digital de menores sea investigado tardíamente, calificado incorrectamente o castigado con menor severidad de la que corresponde.
La reforma al artículo 42 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, implica una actualización jurídica y una defensa efectiva de los derechos de la infancia y la adolescencia en el entorno digital.
La ley ya reconoce la gravedad de la captación y la intervención de terceros; sin embargo, no especifica que el uso de tecnologías digitales para estos fines constituya una agravante, a pesar de que incrementan exponencialmente el alcance, el anonimato, la repetición y la capacidad de control del tratante.
Expertos señalan que la pandemia ha acentuado el uso de estas plataformas, y con ello, la manipulación y explotación de víctimas, haciendo del internet la principal fuente de reclutamiento en algunos casos de explotación sexual.
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