Universidad en movimiento. Rumbo a una reingeniería académica en la UAS
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La 64 legislatura del Congreso del estado de Sinaloa hizo un esfuerzo enorme para armonizar la ley general de educación superior de la república mexicana con su respectiva ley estatal, que para esos efectos estaba ya desfasada. La principal oposición a esa medida provino inmediatamente de las autoridades universitarias de la UAS alegando que se violentaba su autonomía. El diferendo residía en la negativa de la universidad a que se fiscalizaran sus recursos propios y a aceptar la facultad del Congreso de poder modificar su Ley Orgánica.
El desencuentro derivó en una oleada de demandas promovidas por el gobierno del estado a través de la fiscalía en donde se acusaba con pruebas en la mano de desvíos millonarios de recursos públicos por parte del comité de adquisiciones y sus dos rectores, el de turno y su antecesor. Ríos de tinta corrieron por la prensa durante dos años dando seguimiento puntual a este caso en el que todo mundo esperaba un desenlace apegado a derecho y que no era otro mas que la cárcel, según el sentir popular.
Recientemente se dio un veredicto definitvo por parte del juez instructor del caso en el que absuelve de toda culpa a los últimos dos rectores que ha tenido la universidad y condena a una multa de 20 millones de pesos al comité de adquisiciones como reparación del daño, al ser encontrados culpables de los cargos que se les imputaban. Esta resolución ha traído consigo la posibilidad de que el actual rector busque su reelección, pues esta fue permitida por la 64 legislatura en la redacción de la nueva Ley Orgánica, apagando las esperanzas de activistas universitarios que se habían manifestado por su prohibición.
En este punto reside el actual malestar universitario, porque consideran que el veredicto obtenido por los ayer acusados fue demasiado indulgente y ello les abre las puertas para seguir perpetuándose en el poder sin ningún contrapeso. Algunos hablan de que lo obtenido por quienes los acusaban de todo tipo de delitos fue una victoria pírrica en el sentido que fue más lo que se perdió que lo que se ganó, y otros hablan de una tremenda derrota de todos los reformistas que hicieron causa común con el gobierno del estado y con la 64 legislatura.
Cuando se empezaron a escuchar las voces de negociación, los reformistas entendieron que a cambio de cierta clemencia hacia los inculpados, estos, reconociendo su culpa y las injusticias cometidas contra cientos de trabajadores a los que se les violentaron sus derechos con las más de mil plazas de tiempos completos otorgadas discrecionalmente, entrarían en un proceso de atención de sus demandas. Consideraron que esas plazas fueron otorgadas a personas militantes de un partido político que alegan tiene secuestrada a la universidad, y que ellos, en su inmensa mayoría militantes y/o simpatizantes del actual partido en el poder federal y estatal, fueron excluidos precisamente por tal causa. En este sentido, muchos dicen sentirse decepcionados, por no decir traicionados, por el partido que fundaron y que ayudaron a llegar al poder. Nadie los ve ni los oye.
Ante este olvido, y siendo conscientes de que solo cuentan con sus propias fuerzas y del propio empeño y voluntad que ponga cada quien a su causa común, tienen pensado en radicalizar sus protestas para ver si por la vía de la acción combativa logran que sus demandas sean resueltas en una mesa de negociación, ahora sí, directa entre el rector reinstalado y los mismos afectados por promociones arbitrarias y despidos injustificados. Asimismo, de manera simultánea, tienen decidido ponerse de acuerdo entre sí para elaborar un proyecto de universidad que impulse una reestructuración a fondo de la misma, sobre la base de aplicar una verdadera reingeniería académica en el quehacer institucional. Hacen bien. Si quieren que las cosas salgan como ellos quieren, tienen que hacerlas ellos mismos. Los universitarios solo pueden salvar a los universitarios.
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